El gobierno de Álvaro Colom ha restablecido la pena capital en Guatemala para mitigar el aumento de homicidios en el país, escogiendo una política fácil y rápida, todo por unos intereses económicos.
Guatemala, igual que otros países, vive potencialmente de los ingresos turísticos, el turismo es uno de los motores económicos, un sector que genera más de $700 millones al año.
Con más de 700.000 turistas anuales, el problema de la delincuencia había alcanzado datos altamente preocupantes para sus gobernadores, un alto índice de delincuencia influye de forma directa en el desarrollo turístico.
Guatemala opta por una solución rápida para contrarestar el conflicto, pero analizando el índice de delincuencia en otros países donde se aplica la pena capital desde hace décadas, se demuestra que la solución al problema no es la pena justa (punitur quia peccatum est), podríamos hablar de Estados Unidos, China, Republica Democrática del Congo.
La pena capital alcanza sentido desde puntos religiosos, nunca democráticos, me remito al libro del Antiguo Testamento, el hombre redimirá su pecado siendo castigado con la misma vara de su acto, si el individuo asesina será asesinado.
Aún un mundo tan tecnológico, siguen existiendo países donde la religión y el estado crean una gran simbiosis. Amputar esa parte religiosa es un principio de libertad. Dios ha muerto, nace el superhombre rezaba Friedrich Nietzsche.
Guatemala o como otros países donde aún es vigente la pena de muerte deberían realizar un acto de reflexión, analizar las consecuencias de aplicar castigos tan severos y sus beneficios. Buscar y solucionar causas, las acciones derivan de un principio, negar el principio es negar la realidad, al aplicar la pena de muerte negamos las razones del acto y solucionamos el problema por la vía rápida. Atacar el problema de la delincuencia desde un punto de vista preventivo.
Para finalizar me remito al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. Abolir de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos.
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